El concepto de c. no se puede entender al margen de otro concepto jurídico dentro del cual está comprendido el primero: el de persona jurídica (v.), en la que aparece una entidad moral que se distingue de los individuos que la integran. La c. es una entidad moral, y, por tanto, goza de personalidad jurídica distinta de sus miembros. Dentro de las personas jurídicas se distingue desde antiguo un tipo corporativo y un tipo fundacional. En el primero es esencial el elemento personal, siendo la voluntad de los miembros quien rige a la persona, mientras en la fundación (v.) es esencial el elemento patrimonial, los bienes adscritos al fin señalado por el fundador. A su vez, dentro de las personas de tipo corporativo y con base en la terminología empleada por el art. 37 del CC español, viene distinguiendo la doctrina en nuestro país dos subtipos: la c. propiamente dicha y la asociación (v.). Las c. son creadas o reconocidas por leyes especiales, y las asociaciones son creadas por la voluntad de los asociados exteriorizada en un negocio jurídico, y reconocidas por una ley general o especial. Con todo esto podemos decir que c. es un sujeto de Derecho público, que integran voluntariamente una serie de personas con intereses comunes privativos de los componentes, pero también relevantes para el Estado que la incorpora a su organización dándole determinadas prerrogativas. Tiene carácter imperativo. Sus estatutos son creados por sus miembros y reconocidos por la ley: de ahí que esté integrada en el Derecho público. Su fundamentación es institucional, no territorial. Responde a una finalidad determinada y, aunque desarrolla su actividad en un territorio determinado, p. ej., el municipio, éste sólo le sirve de límite a su actividad fundacional. Se regula por las leyes que la crearon, y su reconocimiento legal las hace de obligatoria observancia en su funcionamiento. Se integra en el organismo de la Administración pública que le ayuda en la consecución de sus fines, por ser éstos de interés público. A veces, el Estado se reserva la designación de ciertos cargos rectores. La c., que para nacer necesitó de un acto administrativo, no desaparece jurídicamente por la voluntad de las partes, sino por una norma jurídica igual o superior a la de su constitución. Son c. en el sentido expuesto: el Municipio, los Colegios profesionales (abogados, licenciados, médicos), Cámaras oficiales de la propiedad urbana, industrial y de comercio.

     

      V. t.: PERSONAS JURÍDICAS; ASOCIACIONES; FUNDACIONES; COLEGIOS PROFESIONALES.